Etiquetas

Una de las grandes novedades de la modificaciones del Código Penal español es la regulación e introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la Prisión Permanente Revisable.
Este tipo de penas podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad en los que esté justificada un respuesta extraordinaria del ordenamiento jurídico penal mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada. Estos supuestos son los siguientes:
– Asesinatos graves. 
– Homicidios del Rey, sus herederos y Jefes de Estado extranjeros.

– Casos de Genocidio o Crímenes de lesa humanidad con homicidio o con agresión sexual. 

Esta pena de duración indeterminada está no obstante sujeta a un régimen de revisión siempre y cuando se haya cumplido íntegramente una parte relevante de la condena y esté acreditada la resinserción del penado. En cuyo caso se podrá obtener por parte del reo una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos. 
La regulación de la pena de prisión permanente revisable, de ningún modo renuncia, según el criterio del legislador, a la reinserción del penado ya que una vez cumplida de una parte mínima de la condena este puede acceder a espacios de semi libertad o libertad condicional aunque para ello un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. 
Según nuestro legislador, la previsión de esta revisión judicial periódica de la situación del condenado, es idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social aleja toda duda sobre la inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. 
En esta institución que estudiamos, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación, y si por el contrario, el tribunal valora que cumple con los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación, y si por el contrario, el tribunal valora que cumple con los requsisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientados tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social. 
Hay opiniones, como es la del legislador, que afirman que la pena de prisión permanente revisable no consituye por ello, una suerte de “pena definitiva” en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, manifiesta el legislativo que, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. 
Aunque pueda parecer que es descabellado introducir un tipo de penas de esta naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico, se trata en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declrado que cuando la Ley Nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 de la Convención y así ha quedado acreditado en numerosas sentencias que pueden servir para clarificarnos esta cuestión, como son: las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de febrero de 2008 que dirimió la cuestión del caso Kafkaris vs. Chipre; 3 de noviembre de 2009 del caso Meixher vs. Alemania; 13 de noviembre de 2014 del caso Bodin vs. Francia y 3 de febrero de 2015 del caso Hutchinson vs. Reino Unido, entre otras muchas. 
También se ha pronunciado el Consejo de Estado sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada pero revisables, al informar con relación a la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el que está prevista la posible imposición de una pena de prisión permanente. 
No obstante cabe señalar que el Consejo de la Abogacía Española considera inconstitucional la prisión permanente revisable porque no se fija un límite de cumplimiento de la pena de prisión, lo que vulneraría los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución Española. Por su parte el Pleno del Consejo General del Poder Judicial también cuestiona la constitucionalidad de la pena en relación al artículo 25.1 CE. 
Son numerosos los criterios de la doctrina que mantienen que la prisión permanente revisable deja fuera de juego la reeducación y reinserción del reo, al quedar supeditado a que éste vuelva a ser juzgado para que, después de cumplir una parte de la condena, se le otorgue o no el derecho a la libertad. 
Con esta figura novedosa en la que se plantea la resocialización en última instancia, y siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, cabe la posibilidad de que una persona, culpable de un delito castigado con la pena de prisión permanente revisable, no tenga ninguna motivación para desarrollarse personal ni profesionalmente e incluso que no muestre actitud de arrepentimiento alguno ya que se enfrenta a la inseguridad de su puesta en libertad. 
La Constitución vincula absolutamente al legisldor vetándole el establecimiento de penas radicalmente contrarios a la reinserción social como es la prisión permanente revisable. Difícilmente puede mantenerse que la pena de cárcel se orientará, en su ejecución, a la reinserción social si se ha impuesto una pena de prisión permanente que, pudiendo revisarse, se considera desocializadora. Evidentemente, es perfectamente posible que aún cumplida la pena de prisión no se haya conseguido alcanzar la reinserción social, pero en todo caso, no se estaría vulnerando el referido mandato constitucional. Sin embargo, sí lo infringiría un precepto que la impidiera abiertamente, como sería la regulación legal de la cadena perpetua o, como en el caso aquí analizado, la prisión permanente revisable, en la medida en que ni siquiera ofrece al penado expectativas sólidas de libertad en un futuro cercano. 
Esto tiene especial relevancia en el caso de las penas de larga duración ya que, en virtud de los límites concursales del Artículo 76 del Código Penal, se podría alcanzar un límite máximo de cumplimiento de 40 años, algo a todas luces excesivo y contradictorio con el principio de resocialización. Así lo ha venido señalando el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre ellas las siguientes:
– STS 7 de marzo de 1993 “… no puede conseguirse o es muy difícil la consecución de mandato constitucional de resocialización cuando se produce, en función de las circunstancias, una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria, una privación de libertad muy superior a los 30 años sería un tratamiento inhumano por privar de la oportunidad reinsertadora”. En el mismo sentido, la STS de 30 de enero de 1998, “todo lo que contradice y empaña la resocialización comportará una tacha desde el punto de vista constitucional”.

Anuncios