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​El derecho a la Objeción de Conciencia es protagonista en el ámbito jurídico internacional a raíz de la publicación por el Tribunal Constitucional de Chile de una pionera sentencia en la cual se ha ampliado este derecho no sólo a los profesionales sanitarios que pudieran ser requeridos para intervenir en la práctica de abortos dentro de los supuestos despenalizados por el Proyecto de Ley del Parlamento chileno, si no que ha ampliado este derecho a las instituciones que por su actividad pudieran o que por su objeto social pudieran verse implicadas en este tipo de actuaciones. 

​Es novedoso e importante que el Alto Tribunal chileno haya ampliado y reconocido este derecho a las instituciones u organizaciones recogiendo las tendencias del derecho comparado que cada vez atribuyen más derechos personalistas a organismos, asociaciones o instituciones que participan del desarrollo del tejido social, educativo, sanitario, etc. Pero si este aspecto ya es novedoso e importante lo es también la argumentación jurídica que ha utilizado el Tribunal para reconocer este derecho a las instituciones. En primer lugar advierte en su argumentación, “que no se divisa razón jurídica alguna para restringir la objeción de conciencia solamente a las personas naturales que revisten la condición de profesionales” y que la objeción de conciencia es evidente que ” puede ser planteada legítimamente por sujetos jurídicos o asociaciones privadas, en este caso con arreglo a la autonomía constitucional que a los grupos intermedios de la sociedad les reconoce la propia Carta Fundamental”. Bien pudiera, y he aquí la novedad de la argumentación jurídica, haber argumentado en el sentido que lo hizo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando manifestó que: “los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación” y que por tanto la objeción de conciencia estaba amparada por la dignidad de las personas que individualmente las formaban , dignidad proyectada en las asociaciones que se niegan a practicar cierto tipo de actuaciones  por razones éticas, morales, religiosas, profesionales u otras de señalada relevancia. 
​Con la argumentación ofrecida por el Tribunal Constitucional chileno, nos encontramos con el reconocimiento del derecho a la Objeción de Conciencia de las instituciones de carácter autónomo , basado en su propia dignidad como personas jurídicas que desarrollan su actividad en un ámbito determinado y que pueden entrar en colisión con otros derechos y no como ampliación de los derechos de las personas físicas que las forman. 
​El derecho a la objeción de conciencia, por mor de esta doctrina constitucional, se extiende y se propaga a las asociaciones destinadas a encarnar el mismo libre pensamiento, acorde con el derecho que asegura a todas las personas la Constitucion chilena. E igualmente pueden hacerla valer las instituciones religiosas, personas jurídicas o entidades con idearios confesionales que se proyectan hacia el ámbito de la salud, como ya en su día le fue dado oponer la objeción de conciencia a instituciones de carácter educativo, trayendo a colación el Tribunal Constitucional chileno sentencias del derecho comparado como son las del Tribunal Constitucional español. 

​Esta decidida ampliación del derecho a la objeción de conciencia articulada por el Tribunal Constitucional chileno se convierte en el último y final reducto de la idea de protección de la vida humana que las personas pueden tener y que merecen poder esgrimir frente a la pretensión de los Estados de exigir que se practiquen abortos. El derecho a la Objeción de Conciencia no puede quedar limitado exclusivamente a los profesionales intervinientes a la prestación de que se trata, si no que ha de expandirse a las instituciones en que ellos prestan sus servicios, so pena de quebrantar el contenido de este derecho.

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