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La libertad condicional es la última fase del cumplimiento de la condena también llamada por algunos autores el cuarto grado penitenciario. En la práctica supone la salida en libertad hasta la finalización total de la condena; libertad que es condicionada a que no se cometa delito ni se incumplan las reglas de conducta impuestas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Durante este tiempo la persona está bajo supervisión (ordinariamente presentación mensual) de los Servicios Sociales Penitenciarios (externos). 
En la actualidad, la libertad condicional es considerada como un instrumento necesario para la consecución de los fines resocializadores de la pena privativa de libertad; debería tener la categoría de derecho subjetivo de la persona penada, pero penitenciariamente se considera considera como beneficio, esto es, de concesión discrecional, si bien esta discrecionalidad está sometida a criterios y reglas. A tales efectos es considerada por la LOGP como la última fase del tratamiento y se encuadra dentro del sistema de individualización científica (art. 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria), si bien, dado que se establecen grados y plazos temporales para el tercer grado y la libertad condicional, el sistema español es heredero directo del sistema progresivo. En ningún momento el liberado condicional rompe la relación de sujeción especial que le une a la administración penitenciaria. 
Para que una persona pueda disfrutar de la libertad condicional es necesario:

a) Que se encuentre en tercer grado penitenciario. 

b) Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta.

c) Que hayan observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, emitido en el informe final previsto en el art. 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria; añadido por LO 7/2003 de 30 de junio de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.
No se entenderá cumplida la circunstancia si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil conforme a los artículos 72.5 y 6 LOGP ( introducidos también por LO 7/2003.
Asímismo, en el caso de personas condenadas por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones o grupos criminales, se entenderá que hay pronostico de resinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista , bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista , bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación , captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado , lo que podrá acreditarse mediante la declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que rodean a la misma y su colaboración con las autoridades. 
Ahora bien, del impago de responsabilidades civiles no se debe deducir sin más un pronóstico desfavorable, cuando el impago no surge de la insolidaridad o la falta de consideración a las víctimas, sino de la necesidad. El artículo 72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que se considere a “tales efectos la conducta efectivamente observada en orden a restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales; las condiciones personales y patrimoniales del culpable, a efectos de valorar su capacidad real, presente y futura para satisfacer la responsabilidad civil que le correspondiera; las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura, la estimación del enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito y, en su caso, el daño o entorpecimiento producido al servicio público, así como la naturaleza de los daños y perjuicios causados por el delito, el número de perjudicados y su condición”. Obviamente esta situación debe valorarse junto a la estabilidad laboral, buen comportamiento en régimen abierto y abandono del consumo de drogas según lo establecido en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid 2510/ 2005,de 19 de julio.
Respecto a la responsabilidad civil hay que señalar que los pagos fraccionados en relación con los ingresos económicos de la persona penada es una cuestión que debe ser valorada en el ámbito de la ejecutoria del Juzgado o Tribunal sentenciador, pues en el ámbito penitenciario lo valorable es el esfuerzo por reparar el daño causado y, así debe considerarse positivamente atendiendo a sus ingresos y a las cargas familiares que le afectan. Y aún cuando haciéndose el pago de forma modesta pero de forma continua y con esfuerzo debido a la situación familiar, este requisito se encuentra satisfecho según ha establecido entre otras la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en su auto 146/2007 de 4 de mayo. El juez, de oficio, podrá, al conceder la clasificación en tercer grado o la libertad condicional, adoptar las garantías que estime necesarias para asegurar el pago futuro de la responsabilidad civil pendiente (Criterio 55 de la Asamblea de Jueces de Vigilancia Penitencia de 2008). No obstante el incumplimiento por el penado de la obligación de pago de la responsabilidad civil pendiente, mientras disfrute de tercer grado o de la libertad condicional, no dará lugar necesariamente a la regresión a segundo grado o a la revocación de la libertad condicional según lo establecido en el Criterio 56 de la Asamblea de Jueces de Vigilancia Penitenciaria de 2008. 

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